¿Qué son los asuntos públicos y regulatorios?

Estamos ante un cambio de paradigma en la relación que existe entre el sector público y el sector privado. Las organizaciones son más conscientes del impacto que tienen las decisiones políticas y regulatorias en sus negocios. Es por eso que a través de una gestión y estrategia de asuntos públicos y regulatorios se busca establecer relaciones estables y anticiparse a posibles cambios jurídicos, así como estar presentes en los canales de participación disponibles para los procesos de decisión pública. 

¿Cómo definiríamos los asuntos públicos y regulatorios?

Son aquellos aspectos que afectan a la empresa en sus relaciones con los temas “públicos” e involucra la actividad necesaria para abordar dichos asuntos desde un enfoque de alto nivel estratégico. Incluye la evaluación del impacto directo e indirecto de las iniciativas regulatorias en el modelo de negocio, el relacionamiento con stakeholders y el posicionamiento empresarial.

Para lograrlo se necesita conocer a profundidad el ecosistema digital, el marco legal vigente y tener referencias internacionales. El conjunto de estas acciones se deben desarrollar para entender e influir positivamente en la agenda política y legislativa.

Su importancia

La gestión de asuntos públicos y regulatorios son fundamentales para el desarrollo de las organizaciones, ya que, permiten mantener comunicada a una empresa con los entornos estratégicos y actores claves de su ecosistema público y mejorar su relacionamiento con la sociedad.

Su importancia radica en la necesidad de establecer relaciones con el gobierno, administraciones públicas y comunidad local, para potenciar la transparencia y colaboración en proyectos y propuestas normativas. Además, generan un gran valor a las empresas al contribuir positivamente en su reputación, facilitar accesos y permanencia en el mercado, identificar actividades y amenazas; y fortalecer la sostenibilidad del negocio a largo plazo.

¿Qué es la estrategia regulatoria?

La estrategia regulatoria es un plan general que reúne actividades programadas, procesos de identificación, clasificación, comunicación y mapeo de impacto de los requisitos regulatorios actuales y futuros que son relevantes para la compañía o el sector. Incluye el diseño de  acciones y objetivos de corto, mediano y largo plazo destinados a transformar o complementar el marco regulatorio y el impacto del mismo.

Es fundamental que las organizaciones cuenten con una estrategia regulatoria, ya que permite prever, anticipar y actuar rápidamente ante posibles cambios regulatorios y reducir su impacto en las operaciones de una empresa. Además, su desarrollo anticipa riesgos, y establece acciones proactivas para mitigarlos. Del mismo modo, permite construir políticas públicas promotoras bajo perspectivas colaborativas que consideren a los principales actores del ecosistema.

Diferencia entre una estrategia social y una estrategia regulatoria

Mientras que la estrategia social brinda legitimidad y capacidad de incidencia a través de la identificación de stakeholders, empoderamiento de comunidades de interés y la estructura de una posible comunicación, derivando en una propuesta de relacionamiento. La estrategia regulatoria aborda de manera mucho más integral el cómo reaccionar frente a una propuesta de política pública con impacto directo o indirecto en la industria.

¿Qué es la herramienta de análisis de impacto regulatorio?

El análisis de impacto regulatorio es una herramienta que permite el análisis previo, sistemático e integral para identificar, evaluar y medir los probables resultados, beneficios y costos de distintas alternativas de solución (regulatorias y no regulatorias) de un problema público, considerando la identificación y el análisis de riesgos, con el fin de adoptar la mejor alternativa de intervención en base a evidencia[1]. Si la alternativa de la evaluación corresponde a una regulación, su desarrollo debe ser coherente y consistente con el ordenamiento jurídico vigente, así como establecer los mecanismos para su cumplimiento.

En conclusión

Si bien estas son prácticas que se han venido desarrollando desde el siglo pasado, en los últimos años se han consolidado y han pasado a tener una posición proactiva dentro de las organizaciones. Esto se debe a que los tiempos en que vivimos nos exigen anticiparnos, diagnosticar e implementar estrategias regulatorias y de relacionamiento para prever  posibles cambios jurídicos y estar presentes en los canales de participación de procesos de decisión pública. 

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[1] Definición extraída del art. 03 del Decreto Supremo 063-2021-PCM.

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