Históricamente, los servicios de telecomunicaciones han estado estrechamente vinculados a la jurisdicción geográfica, con infraestructuras físicas como torres celulares, telepuertos y enlaces de fibra óptica como componentes clave. Esta realidad ha requerido que los operadores tradicionales inviertan significativamente en recursos humanos, oficinas y mantenimiento en cada ubicación donde operan.
Sin embargo, emerge una nueva dinámica con los operadores de constelaciones satelitales, quienes pueden ofrecer servicios a nivel global sin desplegar infraestructura física en cada país donde operan.
¿Cuál es el principal desafío para estos nuevos operadores en Ecuador? La falta de un marco regulatorio actualizado a las tecnologías emergentes. Dado el papel estratégico y económico de las telecomunicaciones, tradicionalmente vistas como fuente crucial de ingresos para el Estado, este sector está altamente regulado.
El primer desafío para estos operadores es el proceso oneroso y complejo de obtener licencias, que implica presentar varios informes sobre usuarios, calidad, finanzas y redes. Por ejemplo, para ofrecer internet satelital, los operadores de constelaciones deben obtener un Título Habilitante de Segmento Espacial. Aunque el marco regulatorio ecuatoriano se enfoca en regular servicios más que redes, esta distinción se justifica por la integración vertical de estos operadores, quienes van desde satélites hasta la entrega directa al usuario final.
En cuanto al segundo Título Habilitante, los operadores deben elegir entre el acceso a internet o las telecomunicaciones móviles vía satélite, cada uno con sus particularidades en términos de servicio fijo o móvil. Aquí radica el mayor desafío, la falta de una regulación flexible que se adapte plenamente a estos servicios altamente móviles y versátiles.
Esta complejidad regulatoria representa una barrera para los operadores de constelaciones satelitales, quienes ya enfrentan costos significativos en investigación, desarrollo y despliegue de satélites. Es crucial tener en cuenta que estas empresas suelen ser startups con menos recursos humanos que los operadores tradicionales.
Existen ejemplos, como la Ley Especial de Exoneración de Pagos en El Salvador, que podrían servir de referencia para una nueva normativa en Ecuador. Esta ley reduce los costos para proveedores de internet que atienden áreas rurales y de baja densidad poblacional.
En conclusión, urge una revisión del marco regulatorio ecuatoriano para facilitar el desarrollo de estos nuevos operadores. Una regulación actualizada y flexible no solo beneficia a estos operadores, sino que también impulsa el desarrollo económico, mejora servicios cruciales como la educación y la atención médica, y promueve la inclusión social.
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