Por: Diego Álvarez
Sin duda, la pandemia del Covid-19, generó un espacio de abundante crecimiento para el sector tecnológico y en general de desarrollo de tendencias digitales en todos los países del mundo. Esto, sumado a las promesas de cambio, encuentro y de generación de oportunidades económicas del actual gobierno ecuatoriano, pueden ayudar a configurar un ecosistema adecuado para la definición de una fructífera agenda de políticas públicas enfocadas al desarrollo de lo digital en nuestro país.
Si bien, los últimos meses nuestro país ha sido testigo de interesantes avances en materia de regulación digital (cómo lo ha sido la publicación de la primera Ley de protección de datos personales) y una manifiesta apertura por parte del Ministerio rector de telecomunicaciones y tecnologías de la información, para realizar acercamientos con el sector privado, todavía es importante generar hitos y una planificación adecuada con el objetivo de definir una hoja de ruta clara que permita posicionar al Ecuador en la vanguardia de la regulación digital en la región.
Adicional a esto, es importante destacar que se han presentado interesantes iniciativas legislativas estos primeros meses de gobierno, como el proyecto de Ley Fintech y algunas otras iniciativas, es necesario que el gobierno se comprometa con la definición de una agenda clara y precisa que apunte las expectativas de desarrollo y apoyo a este sector tan importante para la reactivación económica, como es el desarrollo tecnológico.
Cuando hablamos de una “agenda de regulación digital” no solamente nos referimos a la definición de proyectos que busquen la eliminación de la brecha digital existente en nuestra sociedad, tampoco al desarrollo de iniciativas estrictamente relacionadas al desarrollo de la conectividad. Una agenda digital estatal, debe contener y prever el desarrollo de políticas públicas que fomenten, habiliten y generen el desarrollo tecnológico en el país, debe permitir el desarrollo de marcos de acción adecuados para nuevos modelos de negocio cómo aquellos basados en la contratación en nube, aquellos basados en plataformas digitales de economía colaborativa y en general en oportunidades que fomenten la transformación digital del sector privado y público.
El fenómeno de la innovación tecnológica y la transformación digital son transversales a todas las áreas y actividades económicas de un país, y es por ello, que hacia los próximos años se debe considerar de vital importancia el definir claramente una agenda de políticas públicas que permitan guiar el desarrollo de estas tendencias de manera organizada y proactiva en nuestro país.
Nos encontramos ante una gran oportunidad de empezar a desarrollar políticas públicas de vanguardia en el ámbito digital, que permitan posicionar al Ecuador como un país visionario y en capacidad de fomentar el uso de nuevas tecnologías como herramientas que canalicen su desarrollo como país, y debería ser el compromiso de todos nosotros apoyar ese objetivo.
Fuente: Revista Industria Legal
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