A pesar de que esta realidad solo es posible en libros de ficción (al menos por ahora), el derecho espacial empieza a cobrar cada vez más relevancia a nivel mundial e inclusive a nivel nacional.
El 21 de junio de 2023, Ecuador se adhirió al acuerdo internacional “Artemis” propuesto por la NASA. Este acuerdo, que se basa en el Tratado del Espacio Exterior de 1967, establece una serie de principios que velan por una exploración espacial sostenible. Entre estos se encuentran los de transparencia, registro de objetos espaciales y liberación e de datos científicos con la finalidad de que todas las naciones puedan tener acceso equitativo a los recursos espaciales. Además, incluye reglas para la exploración lunar y el establecimiento de colonias. Por ejemplo, el Acuerdo establece que la extracción de minerales lunares solo puede tener finalidades científicas y no comerciales.
La adhesión de Ecuador al acuerdo de Artemis no es mera coincidencia. Según el vicepresidente de Amcham, Iván Ortiz, Ecuador está en una posición geográfica estratégica pues, al estar en la línea ecuatorial, el lanzamiento de naves espaciales tomaría menos tiempo en orbitar, optimizando recursos. Por ello, Ecuador tiene una ventaja comparativa frente otros países cuando se trata de participar en las actividades espaciales.
Asimismo, Perú formalizó su intención de construir un puerto espacial en el país. Según el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público-Privadas del Ministerio de Defensa, este se encontraría en las ciudades de Piura o Arequipa y su finalidad será beneficiar al país en su mejoramiento de las capacidades espaciales, aprovechar la transferencia tecnológica y tener acceso a vuelos orbitales y suborbitales.
Actualmente, el derecho espacial se rige por una serie de tratados internacionales que establecen ciertas reglas de juego para los países que tomen parte de estas actividades. Sin embargo, en los últimos años, la exploración espacial ha dejado de ser exclusiva para gobiernos y ha pasado a ser una actividad potencialmente comercial que podría ser ejecutada por entes del sector privado. De hecho, en países como los Estados Unidos, ya existen varias compañías privadas que generan millones de dólares a través de estas actividades. Una de las más importantes, por supuesto, es SpaceX.
La creciente popularidad de las actividades comerciales espaciales traerá consigo una serie de regulaciones internacionales. Las Naciones Unidas ya cuenta con una oficina exclusiva para asuntos del espacio exterior (UN Office for Outer Space Affairs, UNOOSA) y la Unión Europea ya presenta ciertas agencias como The European Space Agency de la cual varios países son miembros. Mientras tanto, en Estados Unidos, think tanks y organizaciones tales como la Association of Space Commercial Professionals se han dedicado a entrenar a la nueva generación de profesionales, incluyendo a abogados, para suplir las necesidades de startups y compañías que se dedican a tecnologías espaciales emergentes. En virtud de ello, podemos esperar una serie de nuevas normas de carácter regional e internacional de está índole.
Por ello, resulta extremadamente importante que los profesionales del derecho comencemos a tener nociones de esta nueva realidad. Tener conocimiento de las reglas del juego no solo nos permitirá participar del mismo, sino también aprovechar de mejor manera las oportunidades que nuestros países podrían tener al beneficiarse de esta industria, que tiene el potencial de generar desarrollo económico y atraer la inversión extranjera. Asimismo, tecnologías como el internet satelital podrían beneficiar en gran medida a nuestras comunidades rurales.
El derecho espacial vino para quedarse y no está tan lejano de nuestro día a día. Ya existen ciertos instrumentos internacionales que probablemente tendrán que ser actualizados con esta nueva realidad. Con la adhesión de Ecuador al acuerdo Artemis, esperaríamos que el país participe en este tipo de actividades. Para hacerlo, necesitaremos de marcos regulatorios claros y que, más allá de regular la actividad, busquen impulsar su desarrollo. Nuevamente, esta es la importancia de contar con profesionales capacitados en la materia, pues serán ellos quienes redacten las reglas mediante las cuales nos regiremos. En el caso de ser muy restrictivas, compañías internacionales y nacionales pueden verse desmotivadas de ejecutarlas en el país y esta oportunidad tan única se nos podría pasar. Por ello, los hacedores de política pública tienen una responsabilidad muy grande para potenciar el desarrollo de la actividad espacial en la región.
(*) Artículo escrito por Ana Laura Villicaña, Analista de Asuntos Públicos y Regulatorios de Niubox en Ecuador.
