El 26 de febrero de 2021, el congresista Simeon Hurtado del partido Acción Popular, presidente de la comisión de transporte y comunicaciones, presentó un proyecto de ley que busca regular el comportamiento de usuarios de redes sociales en internet y establecer deberes para proveedores y administradores de las mismas. Su objetivo es generar un control estatal sobre el contenido publicado en redes sociales y establecer parámetros de uso.
Prohibiciones para los usuarios de redes sociales en Internet:
- Publicar cualquier información de otra persona sin su consentimiento, crear cuentas con identidad falsa, acceder a información personal y reservada sin orden judicial y “sobreexponer la intimidad”
- Descargar gratuitamente contenidos protegidos por derechos de autor
- Publicar comentarios “insultantes o amenazantes y usar lenguaje violento que incite al odio o discriminar
- Difundir noticias falsas “para atacar a un oponente político o comercial”
- Abrir una cuenta siendo menor de 14 años de edad y publicar datos de menores de edad sin consentimiento expreso de sus padres.
Deberes de los proveedores, administradores y usuarios:
- Obligación de vigilancia y denuncia de cualquier acto criminal del que se tenga conocimiento a través de las redes sociales
- No divulgar contenidos ilícitos y no compartir publicaciones sin corroborar su veracidad.
- Establecer mecanismos técnicos de bloqueo
- Permitir el acceso al perfil solamente a personas conocidas
Código de conducta entre el Estado y redes sociales:
Las plataformas deberán suscribir códigos de conducta cone PCM, Osiptel y el MTC, donde asuman la responsabilidad de implementar mecanismos de control de contenidos.
Creación de Comisión de Ciberseguridad: conformada por representantes del MTC, MININTER, RR.EE, MINDEF y MINJUS, que estará encargada de establecer el marco normativo en ciberseguridad, desconociendo el rol rector que ejerce actualmente la Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI) sobre la materia y lo establecido en el DU 007-2020-PCM.
Denuncias y sanciones:
Se plantea que Osiptel sea el organismo encargado de recibir las denuncias mediante una línea telefónica dedicada y su sitio web. Además, sancionará a usuarios y “administradores” conn multas dehasta 100 UIT, y la cancelación o suspensión de dominio web y/o perfil de usuario en la red social.
El proyecto representa así un riesgo alto de violación al derecho de libertad de expresión, de acceso a la información, principios democráticos y de neutralidad de red al llegar al extremo de privar de la libertad a alguien por su opinión y cancelar un sitio web. Además, resulta desproporcionado y contraproducente en tanto el proyecto no toma en cuenta las discusiones que han surgido y se vienen llevando a cabo sobre el tema alrededor del mundo. Finalmente, el proyecto desconoce posibles usos abusivos de la norma, que podrían generar perjuicio a los usuarios de Internet en el país.
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